Si continúan los partidos conduciéndose irresponsablemente pasarán de agentes necesarios del proceso democrático a sepultureros de nuestra democracia: veámonos en el espejo venezolano; un pueblo cansado de la venalidad y estulticia de su clase política quebró las lanzas por un caudillo.
¿Y nosotros qué hacemos? ¿Mirar la vida pasar? Desde aquí me sumo al movimiento ciudadano propuesto por Jaime Sánchez Susarrey en las páginas de Reforma (mayo 10 de 2008 y febrero 14 de 2009). Opino, en calidad de un ciudadano más (que no representa al Pueblo ni a la Verdad ni a la Justicia como tanto Loco que anda suelto), por mi voz sólo hablo yo; pero resulta que mi voz puede coincidir con la de otros mexicanos y particularmente con la de Sánchez Susarrey en la agenda a proponer al Congreso de la Unión, concretamente:
1. Reelección de los diputados, senadores y presidentes municipales. El principio de no reelección tiene la ventaja, en teoría, de permitir la renovación de la clase política cada tres o seis años. En la práctica sólo se cumple a medias. Lo que sí ocurre a pie juntillas es que ni los diputados ni los senadores se responsabilizan de sus acciones ante sus electores. Y no tienen por qué hacerlo. Su destino depende, al final, de la jerarquía partidaria. Por eso la reelección: tú te quedas, él se va, otorgaría a los ciudadanos capacidad de sanción y obligaría a los legisladores a ser más responsables.
2. Reducción de los diputados de representación proporcional. Los 200 diputados de representación proporcional dependen directamente de las cúpulas partidarias. No están vinculados con localidad alguna y no se ven obligados siquiera a hacer campaña. Lo ideal sería que esa figura desapareciera, pero sería prácticamente imposible, ya que equivaldría a regresar al esquema original de un diputado por distrito y por mayoría. Se puede, sin embargo, reducir su número a la mitad. No hay ninguna razón para que sean 200, como no sea para engrosar el número de huesos que se reparten cada tres años los partidos.
3. Desaparición de los senadores de representación proporcional. La figura fue, desde su origen, un contrasentido. Los senadores representan a los estados de la Federación, no a un sector de la población. Porfirio Muñoz Ledo le impuso a Zedillo esa contrahechura en las negociaciones de la reforma de 1996. El argumento fue que el Senado no era plural y estaba dominado por el PRI. No es ya el caso. La pluralidad del Senado está más que garantizada. Hay que adelgazar al Senado de la República regresando a los dos legisladores por entidad.
4. Derogación del párrafo del artículo 41 de la Constitución que prohíbe "las campañas negativas". El artículo viola el derecho a la libertad de expresión de los candidatos y los partidos, inhibe el debate y atenta contra el derecho a la información de los ciudadanos. Los políticos no tienen por qué estar sujetos a una legislación particular, exclusiva para ellos. Deben, como el resto de los mortales, sujetarse al Código Civil que condena la difamación y la calumnia. La censura convierte a los ciudadanos en menores de edad y atenta contra el derecho de discernir entre lo verdadero y lo falso.
5. No a la censura. Se deben eliminar los artículos que violan el derecho a la libertad de expresión. Hay que reivindicar el derecho de todo ciudadano (u organización de ciudadanos) a manifestar sus opiniones y convicciones en tiempos electorales y no electorales por cualquier medio de comunicación, incluidos los electrónicos. Se trata de un derecho fundamental que nos ha sido conculcado por la partidocracia.
6. Reducción drástica del financiamiento público a los partidos políticos. Todo el mundo sabe que la formación de un partido y su registro se han vuelto un negocio muy rentable. Basta recordar al desaparecido Partido de la Sociedad Nacionalista o tener presente el floreciente negocio familiar que es el Partido Verde. Es falso que los partidos sean organizaciones de interés público. Son organizaciones de ciudadanos (con un alto grado de burocratización) que deben buscar sus propias formas de financiamiento.
7. Hay que recobrar la completa autonomía del IFE. La figura de un contralor interno del IFE nombrado por la Cámara de Diputados debe desaparecer. Su diseño y su objetivo es presionar a los consejeros ciudadanos y someterlos a la férula de los partidos políticos.
8. Hay que modificar la forma de elección de los consejeros del IFE. Los partidos los eligen discrecionalmente y por cuotas. Por eso descartan a los mejores, más independientes y mejor capacitados.
9. Por las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes no son la panacea, pero sí son un derecho elemental de cualquier ciudadano: votar y ser votado sin pasar por el filtro de las cúpulas partidarias. Son, además, aire fresco en el contexto de un ambiente viciado por los intereses y la connivencia de la partidocracia.
10. Crear las figuras de referéndum y plebiscito. Hay que otorgarles a los ciudadanos el derecho a decir sí o no sobre cuestiones fundamentales para el Estado y la nación. Ya lo decía Paz: la libertad es un monosílabo: sí o no.
Para finalizar, la nota del día: En un comunicado oficial, anoche el IFE informó que los nueve consejeros del Instituto se autoautorizaron (como se ve: para eso SÍ tienen autonomía) un aunmento salarial millonario. Estos señores, de tener un salario mensual de 172,379.00 pasarán a ganarar 330,000; un aumento del 100 por ciento. Por todas partes se habla de la crisis financiera: al IFE le es ajena.
¿Está usted harto de estos manejos? Yo, sí.
a.a
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