No anularé mi voto

Entiendo los motivos de los que se han fastidiado de los partidos y los políticos. Jaime Sánchez Susarrey, en su editorial para Reforma del pasado sábado, enumera las razones del descontento:

Voy a anular mi voto porque me parece inaceptable que el IFE les otorgue este año 3 mil 600 millones de pesos a los partidos políticos. Para los políticos profesionales la crisis no existe y el ajuste del cinturón es una práctica buena para los ciudadanos y las empresas, pero inaplicable a ellos porque trabajan por... la patria. ¿Ok?
Voy anular mi voto porque me parece escandaloso que el Partido Verde (propiedad de la familia González Torres), el Partido del Trabajo (encabezado por un maoísta trácala), Convergencia (negocio de Dante Delgado), Nueva Alianza (feudo de la maestra Gordillo) y el Partido Socialdemócrata reciban este año mil 300 millones de pesos.
Voy a anular mi voto porque estoy harto de escuchar los spots-basura de todos y cada uno de los partidos políticos. La vacuidad y pobreza de esos mensajes contrasta con la pretenciosa definición de los partidos como "organizaciones de interés público". La simulación y la mentira no pueden ser el santo y la seña de nuestra Constitución.
Voy a anular mi voto porque me parece de un cinismo descomunal que quienes ofrecieron "desespotizar" las campañas políticas nos estén bombardeando con 23 millones 400 mil spots. Si la participación el 5 de julio ronda los 30 millones y de esos 4 y medio millones anulan su voto, los electores que sufraguen por los partidos sumarán poco más de 25 millones, esto es, tendríamos, casi, una correlación de un elector por un spot.
Voy a anular mi voto porque el artículo 41 de la Constitución viola el derecho a la información de todos los ciudadanos al impedir el debate y la confrontación de ideas entre partidos y candidatos. La legislación es tan efectiva y sofisticada que el único debate que se estaba gestando entre el PRI y el PAN lo echó abajo el IFE enarbolando el principio de equidad.
Voy a anular mi voto porque el artículo 41 viola el derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Mientras los partidos nos tapizan de basura con spots llenos de promesas vacuas o absurdas -como bajar el precio de la gasolina-, quienes están a favor de la anulación del voto tienen prohibido contratar espacios en radio y televisión para explicar y promover su movimiento. Si esto no es un atentado contra el derecho a la libertad de expresión, entonces qué es.
Voy a anular mi voto porque el IFE se ha convertido en el gran censor de la vida pública y no sólo durante las campañas políticas. Lo mismo censura a López Obrador por autonombrarse "presidente legítimo" que saca del aire un spot del PAN por definir como violentos a los partidos políticos, leales al rayito de esperanza, que tomaron la tribuna del Congreso.
Voy a anular mi voto porque si las cosas continúan como van y los partidos siguen haciendo lo que les venga en gana, pasarán a censurar internet. Ya ha ocurrido con varios spots y el espíritu de la ley lo alienta. El pulpo de la censura debe ser detenido.
Voy a anular mi voto porque el PRI, el PAN y el PRD cometieron un verdadero atraco contra el Instituto Federal Electoral. La decapitación de los consejeros, sin causa que lo justificara, fue un ajuste de cuentas. No les importó vulnerar la autonomía del IFE ni restarle credibilidad. La contrarreforma de 2007 constituye un paso atrás y atenta contra las instituciones y los principios democráticos.
Voy a anular mi voto porque el nombramiento de los nuevos consejeros fue un atraco aún mayor. Todos llevan el sello de un partido, son personajes de medio pelo, y entraron en funciones con una advertencia muy clara: deben abstenerse de lastimar a los partidos, porque de hacerlo correrán la misma suerte que el anterior Consejo Electoral. La espada de Damocles pende sobre la cabeza de cada uno y en especial del consejero presidente, que puede reelegirse. ¿Qué se puede esperar de un árbitro que los partidos pueden emplear y despedir a voluntad?
Voy a anular mi voto porque ni el PAN ni el PRI ni el PRD, para no mencionar al presidente de la República, han hecho un mea culpa. Se niegan a reconocer, primero, que la contrarreforma de 2007 es ya un completo y absoluto fracaso. Segundo, no se hacen cargo de las violaciones flagrantes a la libertad de expresión y de información.
Voy a anular mi voto porque todos los partidos, pero en particular los tres grandes, nos están dando atole con el dedo. Agustín Carstens reconoció hace unas semanas que las finanzas públicas tienen un boquete de 400 mil millones de pesos. Consecuentemente, la primera medida de la nueva legislatura será operar una nueva "reforma fiscal". ¿Cómo? Como siempre: cargándole la mano a los causantes cautivos. Los tres grandes están de acuerdo en lo esencial: viven de nuestros impuestos y no están dispuestos a reducir su tren de vida. Los paganos seremos, como siempre, los ciudadanos.
Voy a anular mi voto porque los partidos han hecho del consenso la piedra de toque de la democracia. El debate y la confrontación de ideas y programas están ausentes. Por eso vimos al presidente de la República festejar una reforma energética, con sello perredista, que no aborda ni resuelve los problemas. En la noche del consenso todos los partidos son pardos. Al final del día, los diputados del PRI o del PAN terminan confundidos con los del PRD.
Voy a anular mi voto porque el fracaso de la contrarreforma del 2007 obligará a una nueva reforma electoral. La agenda de la misma no debe quedar en manos de una clase política mediocre, timorata, irresponsable y baquetona. La anulación del voto puede y debe ser el primer paso de un movimiento ciudadano que presione y obligue a la partidocracia a rectificar. Si el cambio no viene de abajo, no vendrá de ninguna parte.

Al día siguiente, en ese mismo diario, Enrique Krauze opinaba:

Todas las iniciativas cívicas son respetables pero algunas son más respetables que otras. La idea del voto en blanco pertenece a esa segunda categoría. Aunque comprensible por el pobre desempeño de muchos actores individuales y colectivos de nuestra "clase política", el acto, en el fondo, participa de la misma mentalidad dependiente que imperaba en el pasado: antes se esperaba que el Presidente de la República lo hiciera todo; ahora se espera lo mismo de los legisladores, los partidos, los gobernadores y los políticos en general. Nosotros los ciudadanos somos meras víctimas, sólo estamos -en el mejor de los casos- para protestar, y la mejor protesta es una huelga de votos caídos, un gandhismo instantáneo, happening mediático, un acto que dura un minuto y, mágicamente, transforma al país. No es así. La propuesta es desaconsejable, por varias razones:

1) Distorsiona, confunde, devalúa el sentido del voto, ante una mayoría de ciudadanos que lleva poco tiempo de ejercerlo. En la cuenta larga de la historia, han pasado apenas unos minutos desde el nacimiento de nuestra democracia, aunque en realidad hayan pasado poco más de diez años. "México transitó -dice Vargas Llosa- de la dictadura perfecta a la democracia imperfecta". La frase reconoce un progreso que nosotros no valoramos. Todas las democracias son tensas, conflictivas e insatisfactorias. El votante debe aprender a mejorar la democracia, pero la manera de hacerlo es ejerciendo el voto cada vez con mayor inteligencia e información, no denegándolo.
2) Da a entender que no hay opciones políticas. Más allá de los magros resultados de los partidos, sólo el EPR y los abogados de la anulación del voto parecen creer que en México todas las propuestas políticas y todos sus representantes son iguales e igualmente deficientes.
3) Generaliza la naturaleza de la elección. "Para los anulistas -escribe el politólogo Inocencio Reyes Ruiz- no hay la mínima consideración a la diversidad de regiones, estados, municipios y comunidades. Para ellos la elección del próximo 5 de julio es singular, única e indivisible. Es cierto que la renovación de la cámara de diputados es de indudable trascendencia para la vida pública del país, pero no es la única; y para millones de votantes no es la más importante. El 5 de julio hay varias elecciones y muchas votaciones: seis gobernadores, 11 congresos locales, centenas de alcaldes, millares de regidores. Hay municipios gobernados tan atrozmente que la anulación del voto sería la ratificación del poder caciquil. Lo mismo se puede decir de los gobernadores: hay estados donde los ciudadanos, hartos de la arbitrariedad y la corrupción, quieren votar para derrocar al partido postulante. Hay comunidades enteras, en fin, en que votar es asegurar la continuidad de buenos gobiernos".
4) Alienta la antipolítica. Para un curso rápido sobre los estragos de la antipolítica es bueno acercarse al caso venezolano. En los años noventa, el repudio radical e indiscriminado de los partidos por parte de un sector influyente de la sociedad venezolana (en particular de los intelectuales y las figuras mediáticas) provocó la emergencia natural del caudillo que llegó al poder para limpiar esa "miasma", "para salvar al país" y... para quedarse con él a perpetuidad. En las elecciones parlamentarias de Venezuela en 2005, la oposición optó por no competir, lo cual dio un cheque en blanco al régimen chavista. Si un caudillo llega al poder en México, llegará para quedarse. Los votos en blanco o en negro le tendrán sin cuidado.
5) Desalienta la participación ciudadana. Una consecuencia natural de la antipolítica -por esencia negativa, reactiva, pasiva- es la desmovilización. Y esto es lo más grave porque el país sufre un déficit inmenso de participación cívica. Esta participación no puede residir sólo en el acto de votar por un partido o anular, en su caso, un voto. Necesitamos vigilar permanentemente a los partidos y a los representantes populares, como ocurre en cualquier democracia madura. Y necesitamos mucho más: la verdadera participación cívica no es instantánea: es prolongada, constante, fragmentaria, silenciosa, difícil y anónima. Se ejerce de abajo a arriba: en la manzana, la delegación, el municipio, el estado, el país.
Octavio Paz dijo que México se ha visto siempre bajo la imagen histórico-mítica de una pirámide. Desde hace apenas dos décadas trabajamos para desmontar pacíficamente, piedra por piedra, esa pirámide, para construir una plaza pública libre y abierta. El proceso no llevará siglos pero sí años, quizá largos años. Su instrumento específico es el voto, esa sencilla pero imprescindible expresión de la conciencia individual en una democracia. No es aconsejable pervertirlo.

¿Por quién votar? Ya lo expresé en otra ocasión, dependerá de dónde nos encontremos y a qué somos llamados a votar. Los neolaredenses, en ese sentido, la tenemos fácil, pues en la localidad no se votará por renovar la alcaldía o la gubernatura. Votaremos para elegir a un diputado federal. Por ello, la única que pregunta que tenemos que responder al momento de votar es la siguiente: ¿Deseo, con mi voto, respadar o castigar al presidente Calderón?

a.a

Siete indicadores

Porque la política es de suyo importante como para dejarla en las exclusivas manos de los políticos; leamos lo que Jaime Sánchez Susarrey publicó en Reforma:

(16-May-2009).-
No hay debate. La spotización de la política se resume en una cifra: 23 millones 400 mil spots del IFE y los partidos hasta principios de julio. Los mensajes son superfluos y anodinos. Ya se sabe que prometer no empobrece. Tampoco hay críticas ni denuncias. La Constitución lo prohíbe. Los consejeros del IFE y el Tribunal Electoral se han convertido en pequeños torquemadas. La censura se quiere hacer extensiva hasta en internet. Ni en los peores tiempos del priismo vimos semejantes excesos.
¿Cómo orientar entonces el voto? ¿Qué hay que tomar en cuenta para optar por alguno de los partidos? Enlisto a continuación siete indicadores.
1. ¿Qué proponen los partidos en materia fiscal? Respuesta: no lo precisan. Sin embargo, es un hecho que después del 5 de julio los diputados electos efectuarán una "nueva reforma fiscal". La caída de los ingresos petroleros no deja otra opción. Quedarán atrás las promesas de campaña y se le volverá a cargar la mano a los causantes cautivos, como se hizo en la anterior reforma fiscal. No habrá en esta materia diferencias, porque todos, partidos, gobiernos y clase política, viven de nuestros impuestos.
2. ¿Qué proponen los partidos para crear cuerpos policiacos profesionales y sacar a las Fuerzas Armadas de las calles?
Respuesta: nada concreto ni efectivo. La solución la conocen todos. Se debería avanzar en la creación de una policía nacional única que sustituyera a las policías municipales (360 mil efectivos) y a las estatales (100 mil efectivos). Los recursos, los medios técnicos y profesionales están al alcance de la mano. En lugar de ello se ha optado por la "coordinación" de los cuerpos policiacos federales, estatales y municipales. Es lo mismo que propuso el presidente Zedillo hace 10 años y los resultados son nulos. En suma, no hay responsabilidad ni voluntad política.
3. ¿Qué proponen los partidos en materia de educación pública primaria y secundaria?
Respuesta: nada que ataque el meollo del problema. Los estudios de la OCDE sitúan a México en los últimos lugares. Los estudiantes salen de las escuelas como analfabetas funcionales. Son incapaces, literalmente, de leer y escribir. La situación es compleja pero tiene remedio. La primera condición es terminar con el poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Habría que fragmentarlo y dar paso a organizaciones estatales. Pero ese camino significa enfrentar a Elba Esther Gordillo y la nomenclatura que la rodea. Y eso es algo que ningún partido quiere ni se propone.
4. ¿Qué plantean los partidos en materia de libertad de expresión?
Respuesta: nada, dejar las cosas como están. Al fin y al cabo, fueron ellos -en particular los tres grandes- los que inscribieron en la Constitución la prohibición de las campañas negativas. No sólo eso. Cercenaron el derecho de los ciudadanos a expresarse en radio y televisión durante las campañas electorales. La censura ya se quiere hacer extensiva incluso al internet. A la fecha, ninguno ha hecho un mea culpa. A la fecha, ninguno se ha comprometido a revisar el artículo 41 que atenta contra el derecho a la libertad de expresión consignado en el artículo 6o. constitucional.
5. ¿Qué plantean los partidos en materia electoral?
Respuesta: nada importante y hay mucho que hacer. Los diputados de representación proporcional deberían desaparecer o, cuando menos, reducir su número de 200 a 100. Los 64 senadores de representación proporcional son una aberración y ocasionan un gasto superfluo. Se debería regresar a la fórmula de dos senadores por cada entidad de la Federación. Pero ningún partido se plantea semejantes cuestiones. Por qué habrían de hacerlo. Su objetivo no es la representación ciudadana, sino el goce de sueldos. En eso coinciden todos. A mayor número de curules, mayor número de huesos que repartirse.
6. ¿Qué proponen los partidos para abaratar el costo de la democracia?
Respuesta: absolutamente nada. Con la cantaleta de que los partidos son organismos de interés público que deben ser blindados contra el dinero del narcotráfico, se asignan partidas millonarias. Para este año 3 mil 600 millones de pesos. Pero la danza de los miles de millones no termina allí. El IFE tiene un presupuesto superior a los 12 mil millones de pesos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de mil 997 millones de pesos. A los que hay que sumar los presupuestos de los consejos y los tribunales electorales en cada una de las entidades de la República. Tenemos, en consecuencia, una democracia cara e ineficiente. Los verdaderos beneficiados no somos los ciudadanos, sino la partidocracia.
7. ¿Qué plantean los partidos para fortalecer la autonomía de instituciones como el IFE y el Banco de México?
Respuesta: se proponen debilitarlas y someterlas a la férula de los partidos. En el caso del IFE ya lo hicieron. La decapitación de los consejeros fue un ajuste de cuentas. Los resultados están a la vista. El IFE ha perdido credibilidad y se ha convertido en un censor de la vida pública. Respecto del Banco de México las presiones son enormes. Se le exige que se pliegue a los lineamientos del gobierno de la República y se habla, incluso, de una reforma constitucional para modificar los objetivos de la institución. Es una versión light, pero real de la vieja sentencia de Luis Echeverría: la política económica se decide en Los Pinos.
Por quién y para qué votar, entonces. La verdad es que no hay opciones. Habría que mostrar nuestra inconformidad con todos y cada uno de los partidos yendo a las urnas y anulando el voto con una leyenda: ¡Ya basta!

Susarrey tiene razón, no hay propuestas serias; y todos estos partidos sirven para lo mismo: para nada; sin embargo, si nos atenemos al pragmatismo, anular el voto emite un claro mensaje de inconformidad que la clase política desoíra y, por lo demás, favorecerá al o los partidos (dependiendo del estado o municipio varía el coto hegemónico) que cuentan con el voto duro de sus simpatizantes.

a.a

IFE

Para que un bien sea de todos tiene que ser de nadie. En atención a esa lógica elemental el Instituto Federal Electoral (IFE) ya no es de los mexicanos, tiene amo. El dueño del IFE es la partidocracia que nos gobierna; ellos (PRI, PAN y PRD), a través de sus diputados y senadores reformaron al Instituto para ajustarlo a su escasez de miras. Si estas reformas limitan la participación ciudadana o impiden una justa valoración de cualquier candidato, pues no importa, el IFE es de ellos, no nuestro.

Si continúan los partidos conduciéndose irresponsablemente pasarán de agentes necesarios del proceso democrático a sepultureros de nuestra democracia: veámonos en el espejo venezolano; un pueblo cansado de la venalidad y estulticia de su clase política quebró las lanzas por un caudillo.

¿Y nosotros qué hacemos? ¿Mirar la vida pasar? Desde aquí me sumo al movimiento ciudadano propuesto por Jaime Sánchez Susarrey en las páginas de Reforma (mayo 10 de 2008 y febrero 14 de 2009). Opino, en calidad de un ciudadano más (que no representa al Pueblo ni a la Verdad ni a la Justicia como tanto Loco que anda suelto), por mi voz sólo hablo yo; pero resulta que mi voz puede coincidir con la de otros mexicanos y particularmente con la de Sánchez Susarrey en la agenda a proponer al Congreso de la Unión, concretamente:

1. Reelección de los diputados, senadores y presidentes municipales. El principio de no reelección tiene la ventaja, en teoría, de permitir la renovación de la clase política cada tres o seis años. En la práctica sólo se cumple a medias. Lo que sí ocurre a pie juntillas es que ni los diputados ni los senadores se responsabilizan de sus acciones ante sus electores. Y no tienen por qué hacerlo. Su destino depende, al final, de la jerarquía partidaria. Por eso la reelección: tú te quedas, él se va, otorgaría a los ciudadanos capacidad de sanción y obligaría a los legisladores a ser más responsables.

2. Reducción de los diputados de representación proporcional. Los 200 diputados de representación proporcional dependen directamente de las cúpulas partidarias. No están vinculados con localidad alguna y no se ven obligados siquiera a hacer campaña. Lo ideal sería que esa figura desapareciera, pero sería prácticamente imposible, ya que equivaldría a regresar al esquema original de un diputado por distrito y por mayoría. Se puede, sin embargo, reducir su número a la mitad. No hay ninguna razón para que sean 200, como no sea para engrosar el número de huesos que se reparten cada tres años los partidos.

3. Desaparición de los senadores de representación proporcional. La figura fue, desde su origen, un contrasentido. Los senadores representan a los estados de la Federación, no a un sector de la población. Porfirio Muñoz Ledo le impuso a Zedillo esa contrahechura en las negociaciones de la reforma de 1996. El argumento fue que el Senado no era plural y estaba dominado por el PRI. No es ya el caso. La pluralidad del Senado está más que garantizada. Hay que adelgazar al Senado de la República regresando a los dos legisladores por entidad.

4. Derogación del párrafo del artículo 41 de la Constitución que prohíbe "las campañas negativas". El artículo viola el derecho a la libertad de expresión de los candidatos y los partidos, inhibe el debate y atenta contra el derecho a la información de los ciudadanos. Los políticos no tienen por qué estar sujetos a una legislación particular, exclusiva para ellos. Deben, como el resto de los mortales, sujetarse al Código Civil que condena la difamación y la calumnia. La censura convierte a los ciudadanos en menores de edad y atenta contra el derecho de discernir entre lo verdadero y lo falso.

5. No a la censura. Se deben eliminar los artículos que violan el derecho a la libertad de expresión. Hay que reivindicar el derecho de todo ciudadano (u organización de ciudadanos) a manifestar sus opiniones y convicciones en tiempos electorales y no electorales por cualquier medio de comunicación, incluidos los electrónicos. Se trata de un derecho fundamental que nos ha sido conculcado por la partidocracia.

6. Reducción drástica del financiamiento público a los partidos políticos. Todo el mundo sabe que la formación de un partido y su registro se han vuelto un negocio muy rentable. Basta recordar al desaparecido Partido de la Sociedad Nacionalista o tener presente el floreciente negocio familiar que es el Partido Verde. Es falso que los partidos sean organizaciones de interés público. Son organizaciones de ciudadanos (con un alto grado de burocratización) que deben buscar sus propias formas de financiamiento.

7. Hay que recobrar la completa autonomía del IFE. La figura de un contralor interno del IFE nombrado por la Cámara de Diputados debe desaparecer. Su diseño y su objetivo es presionar a los consejeros ciudadanos y someterlos a la férula de los partidos políticos.

8. Hay que modificar la forma de elección de los consejeros del IFE. Los partidos los eligen discrecionalmente y por cuotas. Por eso descartan a los mejores, más independientes y mejor capacitados.

9. Por las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes no son la panacea, pero sí son un derecho elemental de cualquier ciudadano: votar y ser votado sin pasar por el filtro de las cúpulas partidarias. Son, además, aire fresco en el contexto de un ambiente viciado por los intereses y la connivencia de la partidocracia.

10. Crear las figuras de referéndum y plebiscito. Hay que otorgarles a los ciudadanos el derecho a decir sí o no sobre cuestiones fundamentales para el Estado y la nación. Ya lo decía Paz: la libertad es un monosílabo: sí o no.

Para finalizar, la nota del día: En un comunicado oficial, anoche el IFE informó que los nueve consejeros del Instituto se autoautorizaron (como se ve: para eso SÍ tienen autonomía) un aunmento salarial millonario. Estos señores, de tener un salario mensual de 172,379.00 pasarán a ganarar 330,000; un aumento del 100 por ciento. Por todas partes se habla de la crisis financiera: al IFE le es ajena.

¿Está usted harto de estos manejos? Yo, sí.

a.a